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Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma energética

A falta de que se discutan las leyes secundarias el próximo año, la reforma tiene puntos débiles, como en legislación y regulación, que limitarían los beneficios de incrementar la renta petrolera para el país, según analistas.
La semana pasada se aprobó la reforma más ambiciosa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que abre la puerta a la inversión privada en el sector energético, en particular el petrolero, estatizado desde hace 75 años.
El dictamen, avalado por la Cámara de Diputados y Senadores, tuvo cambios que fueron más allá de la propuesta original del Ejecutivo, en cuanto a contratos y participación privada en el sector eléctrico, lo que en teoría despertaría más interés entre inversionistas.
Pero, a falta de que se discutan las leyes secundarias el próximo año, la reforma tiene unos puntos débiles, como en legislación y regulación, que limitarían los beneficios de incrementar la renta petrolera para el país, según analistas.
Por ello, presentamos lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma energética.
Tipos de contratos
Lo bueno: más alternativas
Cuando en septiembre el presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma, la entrada de particulares en proyectos se contemplaba en los contratos de utilidad compartida, esquema que no despertó el interés necesario en las trasnacionales para asociarse con Pemex. Pero en el dictamen se incluyeron otras modalidades, como los contratos de producción compartida y licencias.
 
Lo malo: faltan detalles jurídicos
En el proyecto de decreto de reforma se señala que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”.
Pero aunque se dejaron fuera las concesiones, se incluyó otro esquema que es muy parecido, según especialistas: las licencias.
“Las licencias, en la práctica internacional, son concesiones. Incluso en la definición que contiene los artículos transitorios de la ley, dice que es la transferencia de la propiedad del crudo a cambio de una regalía e impuesto, y esa es la definición más clásica de una concesión”, dice Miriam Grunstein, investigadora del áreas de Estudios Jurídicos y especialista en temas energéticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Para Miguel Ángel Toro, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) Lo que se hizo fue “prohibir las concesiones en letra explícita en la Constitución, pero abrieron la modalidad de licencias, que a grandes rasgos se van a comportar de manera muy similar a las concesiones”, aunque jurídicamente no son iguales, lo que crea incertidumbre jurídica y tendría que ser definido en las leyes secundarias.
“El meollo del asunto es que si el operador recibe la transferencia del crudo a boca de pozo, eso habría que verlo”, agrega Grunstein.
 
Energía eléctrica
 
Lo bueno: mayor apertura en el sector
Los legisladores hicieron una propuesta más ambiciosa que la del Ejecutivo en materia de energía eléctrica para que particulares entren en la generación y comercialización.
“En el dictamen que mandó el Senado y no fue alterado por los diputados, sí se hizo una propuesta más ambiciosa en el mercado de energía eléctrica, como debería ser.  La comercialización de la energía eléctrica puede ser un mercado de competencia también, como pasa con los gaseros”, comenta Miguel Ángel Toro, del CIDAC.
Lo malo: no hay condiciones idóneas de competencia
El Estado seguirá teniendo la rectoría del sistema eléctrico nacional, y el marco regulatorio caerá en la Secretaría de Energía (Sener), cuando debió ser en un organismo público autónomo, considera el especialista.
“Finalmente, la Sener sigue siendo una secretaría del Ejecutivo, que son los dueños de la CFE. ¿Cómo va a competir con los demás jugadores?. Cuando hay captura regulatoria no hay beneficios tan grandes”.
Salida del sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex
Lo bueno: señal positiva para inversionistas
La decisión de suprimir los puestos que tiene el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) dentro del consejo de la paraestatal es una señal positiva en la percepción internacional, dice Miriam Grunstein, del CIDE.
Lo malo: reducción de poder no es sustancial
La académica no considera que el impacto sobre la influencia del sindicato no haya sido significativo. “No me parece factible que hayan sido borrados del mapa sin que protesten o tomen las calles”.
Por su parte, Miguel Ángel Toro considera que el STPRM no tenía tanta injerencia en el consejo dentro de las decisiones de exploración y producción, y que sus intereses están más concentrados en el manejo de la planta laboral de Pemex.
Lo feo: ¿las finanzas seguirán ‘petrolizadas’?
Uno de los propósitos de la reforma energética, como la planteó el gobierno, es que las finanzas públicas rebajaran su dependencia de los ingresos petroleros, los cuales aportan alrededor del 35% de los recursos del gobierno federal.
En el decreto se aprobó la creación de un fideicomiso público llamado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual percibirán los ingresos derivados de los contratos y asignaciones para diversos rubros, como disminuir los pasivos en los sistemas de pensiones y para investigación en ciencia y tecnología.
Esta figura de un fondo soberano es usada por otros países productores de petróleo, como Noruega. Pero el diseño de éste en México puede provocar conflictos de interés, ya que su comité estará integrado por integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Muchos de los recursos del fondo irán a lo que controla Hacienda: a los fondos de estabilización de ingresos petroleros, a los fondos de estabilización de los ingresos a las entidades federativas, es decir, darle dinero a los estados. Todo lo demás se va al presupuesto, y si aún queda, irá a las pensiones y a investigación en ciencia”, explica Miguel Ángel Toro, del CIDAC.
Resalta también que el diseño de este fondo tiene que mejorar “si no queremos que la riqueza petrolera siga financiando el gasto del gobierno federal, que la mayoría termina siendo gasto corriente”.

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